CONSIDERACIONES PARA UN ANÁLISIS
DEL PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO CIVIL
Cuando Don Quijote arremete contra los
molinos de viento creyendo que son “gigantes malvados” y queda luego, golpeado
y maltrecho, todos ríen ante semejante atrevimiento. Sin embargo, Aníbal
Quijano nos explica[1]
que: “La fabulosa escena en la que Don
Quijote arremete contra un gigante y es derribado por un molino de viento es,
seguramente, la más poderosa imagen histórica de todo el período de la primera
modernidad: el des/encuentro entre, de un lado, una ideología señorial, caballeresca
–la que habita la percepción de Don Quijote– a la que las prácticas sociales ya
no corresponden sino de modo fragmentario e inconsistente. Y, del otro, nuevas
prácticas sociales –representadas en el molino de viento– en trance de
generalización, pero a las que aún no corresponde una ideología legitimatoria
consistente y hegemónica. Como dice la vieja imagen, lo nuevo no ha terminado
de nacer y lo viejo no ha terminado de morir”. Por su parte, G.K.
Chesterton[2] afirmaba
que: “Han atado a los hombres a herramientas tan grandes y poderosas que ya
no saben sobre quién se descargan los golpes. Han justificado, en fin, las
pesadillas de don Quijote. Los molinos de viento son, realmente, gigantes
temibles”, refiriéndose al enfrentamiento del caballero andante contra la
tecnología de su tiempo, equiparándola con la del presente y sus efectos contra
el trabajo y el empleo. Para la imagen del habitante común y corriente de esa
época, el molino de viento representaba el “poder del dinero” que a ellos los
empobrecía a pesar de que sembraban y cosechaban el trigo pero que necesitaban
de la molienda para venderlo. Se
concluye entonces que, Don Quijote, más allá de su voluntad, estaba
incapacitado para alcanzar sus fines pues no tenía como entender la totalidad del proceso que se estaba dando.
Es decir que, en su afán de hacer justicia, el Caballero Andante solo vio las
apariencias, los efectos; no el proceso, sus causas ni sus motivaciones, en la
medida en que su manera de pensar (ideología) correspondía a un período en
trance de desaparición y por lo tanto, no tenía como entender lo que ocurría ni
identificar a los verdaderos responsables.
La necesidad de esta introducción es
pertinente pues, en el caso específico del proyecto de Ley del Servicio Civil,
la tendencia dominante es quedarse solo con las apariencias, con lo más
inmediato o, como le gusta decir a muchos, ver solo los “aspectos técnico
normativos” sin considerar para nada a los actores, el escenario y la
perspectiva del proyecto de Ley. Pero sobre todo, necesitamos reconocer que
todo un mundo se está quedando atrás y otros nuevos, están pugnando por nacer.
Es por eso que las viejas organizaciones sindicales y las consignas de tiempos
anteriores, como caballeros andantes, ya no son eficaces para contener y revertir
las nuevas formas de explotación, control y dominación que sobre los
trabajadores, vienen imponiendo las fuerzas del capital y el estado que las
representa.
El problema concreto, real, de hoy es, para
los trabajadores del sector público, el DS 1057-2008-PCM o Ley CAS, dado por
Alan García dentro de su política de “el perro del hortelano” por el cual, “legaliza”
el despojo y mutilación de los derechos laborales a los trabajadores del sector
público y que ninguna organización sindical ha podido revertir. Esta Ley CAS es
el punto de partida para el proyecto de Ley del Servicio Civil y su argumento
falaz de ser “progresiva” en cuanto a derechos laborales.
Por enésima vez, el estado peruano
intenta “reformar” el sistema de trabajo dentro de su ámbito funcional que
comprende los servicios públicos. Son las exigencias de “factores externos” (de
los organismos financieros internacionales) las que han llevado a la dación de
leyes que intentan “estandarizar” la diversidad de normas laborales que rigen
el trabajo en general. Sin embargo, las ineficiencias siguen, las inequidades
se han profundizado y la corrupción, goza de buena salud.
En su discurso, las autoridades del
estado peruano afirman que, con la Ley del Servicio Civil, pretenden “servir
mejor” a los ciudadanos, fomentando la “meritocracia” en los servidores
públicos cubriendo las plazas mediante concursos y evaluación permanente, logrando
un servicio competitivo y eficiente. El proyecto de Ley del Servicio Civil forma
parte, al decir de sus mentores, de la reforma del estado.
El Estado como tal, tiene las
atribuciones necesarias para proponer sus fines y los medios para alcanzarlos.
Pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros, como ciudadanos de ese mismo
estado, tenemos también el derecho a expresar nuestra opinión con respecto a
los fines y medios que se proponen, los que sin un adecuado consenso,
carecerían de la legitimidad requerida. Una Ley puede ser legal pero al mismo
tiempo, ilegítima. Es importante resaltar este derecho y deber ciudadano, de
pronunciarnos con relación a las políticas de estado pues, el pensamiento
dominante ha impuesto la idea de que las leyes son “textos sagrados” que están
para cumplirse sin admitir reclamos ni observaciones ni mucho menos,
impugnaciones. Se dice que las leyes son elaboradas por “expertos” que lo saben
todo; y que nosotros, “los administrados”, debemos acatar dócilmente lo que dicen
los “expertos”. Mientras el Perú siga siendo –al menos, formalmente—un
estado DEMOCRATICO, no podemos aceptar
esa versión; o al menos, no podemos callar nuestra opinión.
Si la Ley CAS fue un retorno al
desamparo legal de los trabajadores, el proyecto de Ley del Servicio Civil
perfecciona esta barbarie y la embellece con el discurso de la “meritocracia”
que da en la yema del gusto al individualismo predador que se ha instalado en
la conciencia de las gentes, “competitividad” que le dicen, para hacerles creer
que cada quien “es el mejor”. El viejo
estilo señorial-colonial de la época de las haciendas expresado en el “calla,
reza y trabaja”, se ha transformado en el “calla, diviértete y produce” generalizado
al día de hoy, que ha convertido a los ciudadanos peruanos en gentes que no
conocen su historia, que no conocen sus derechos; y lo más grave, incapacitados
para ver más allá de sus pequeños intereses inmediatos, y por eso mismo,
extremadamente vulnerables al terrorismo mediático que manipula la conciencia
de las gentes en la dirección que le interesa a quienes manejan el poder.
Todo discurso (“lo que se dice”), que
pretende imponer una “verdad universal” (Ley) requiere, no solo ser “legal” sino también,
“legítimo”. La legalidad significa concordar con el marco constitucional
vigente; la legitimidad, por su parte, significa concordar con los intereses de
los involucrados. Por lo tanto, “lo que se dice” requiere ser analizado
considerando también el “quien lo dice”, y el “contexto en que se dice”; quienes son los beneficiarios de ese
discurso y quienes resultan perjudicados por el mismo, su costo social.
¿Quién lo dice?¿quién
enuncia el proyecto de ley del Servicio Civil?
El Estado peruano. Este, se acerca ya a cumplir 200 años de
existencia y para entender cómo funciona hoy, es necesario recordar someramente
algunos hitos de su existencia. Interesa observar el valor que, para las
autoridades del estado peruano, han tenido su población mayoritaria y los
territorios que ocupan, para entender que es lo que quieren decir cuando hablan
de “ciudadanos”; y saber porque es que existen, “ciudadanos de primera
categoría” y “perros del hortelano”. Desde su independencia, el Perú ha cedido
gratuitamente, grandes extensiones de su territorio al Brasil (Tratado Rio
Branco - Velarde, 1909, fue el último), a Bolivia (Tratado Polo – Bustamante,
1909), Colombia (Tratado Salomón-Lozano, 1922), con Ecuador (Protocolo de Rio
de Janeiro, 1942) y a Chile (Tratado de Ancón, 1883). Desde hace 20 años, ya no
hay necesidad de tratados internacionales para regalar territorio. Ahora
existen los proyectos de inversión y las concesiones mineras, petroleras,
forestales, pesqueras, etc. Solo a la minería, se le ha concesionado cerca del
20% del territorio nacional actual. Y no es ninguna casualidad que, en esos
territorios concesionados, habiten y tengan sus fuentes de vida, comunidades
indígenas, nativas y campesinas, las que, a pesar de ser formalmente “ciudadanos
del Perú” con DNI incluido, ninguna autoridad les consulta ni les pide su
opinión.
El “proyecto nacional peruano” que se inicia con la fundación de la
república, fue encabezado por el pequeño grupo criollo “patriota” que luego de
haber derrotado a Túpac Amaru, se asociaron a la expedición libertadora de San
Martín por conveniencia. El prócer Juan Pablo Vizcardo y Guzman se refiere a su
grupo de “patriotas” como “españoles americanos”. En su proyecto de país, la
población indígena era considerada como “bárbara” y sometida al pago del “tributo
indígena” como en tiempos de la colonia. Los primeros 50 años de república
transcurrieron entre guerras civiles y escándalos de corrupción. En 1872, con
el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, empiezan a sentarse las bases de un
estado moderno que alcanzaría su apogeo en lo que se dio en llamar la “república
aristocrática” y se prolonga hasta la reforma agraria de 1969, que reconoce por
fin, después de 150 años de “independencia” la “ciudadanía peruana” de la
población indígena. Sin embargo, el proyecto modernizador del estado que
encabezó el gral. Velasco y se prolongó por dos décadas, después de un largo
período de frustración y fracasos, fue derrotado y revertido con la
restauración neoliberal de los años 90. El proyecto actual, que lleva ya 20
años, nos está vendiendo la idea de que pronto seremos un país del primer
mundo, si abrimos todas las puertas y ventanas a los inversionistas, para que
generen empleo, pero, claro está, no asustándolos con normas laborales rígidas.
Hay que garantizarles la rentabilidad de sus negocios así como los “honorarios
de éxito” para quienes dan las leyes que les convienen. Este es, el estado
peruano que hoy tenemos.
El estado peruano sigue siendo
entonces, un estado de naturaleza colonial en tanto existe un pequeño sector de
ciudadanos privilegiados con todos los derechos y beneficios que la ley permite
y otros, la gran mayoría, excluidos de algunos o todos esos mismos derechos o
beneficios porque, nos dice la autoridad, “el presupuesto no alcanza para atender
todas las demandas sociales”. Da la casualidad de que esos ciudadanos de
primera categoría son, en su gran mayoría, herederos de los europeos que
colonizaron nuestro país o que vinieron después, para sumarse al grupo
colonizador, con su corte de aduladores y “felipillos” que los sostienen. Y no
es casual tampoco que, quienes reclaman y caen dentro de la categoría de “perros
del hortelano”, son en su gran mayoría, descendientes de la población indígena
o indígenas mismos.
¿A cuáles de estos ciudadanos sirve el
actual estado peruano? ¿quiénes se benefician de su política y para quienes no
alcanza el presupuesto nacional?
¿En qué contexto se dice?
El mundo de hoy vive un acelerado proceso de cambios (cambio de
época) conducido por el incesante progreso de la ciencia y la tecnología, de la
mano con un abismal proceso de concentración de riqueza y poder. Esto se
refleja en los profundos cambios que viene experimentando el mundo del trabajo,
que se expresa en el síndrome llamado “desempleo estructural”, que permite el
recorte cada vez más feroz de los derechos conquistados por los trabajadores de
las generaciones anteriores, que en algunos países “desarrollados” alcanzaron
lo que se llamó “la sociedad del bienestar” y que hoy, ya no existe más.
No es casual que el proyecto de ley del servicio civil haya sido
considerado dentro del paquete de leyes que tienen por objeto el “promover las
inversiones” y cuyas homólogas sean el DS 054-2013-PCM para la emisión del CIRA
(Certificado de inexistencia de restos arqueológicos) que reduce de 30 a 20
días, el tiempo para su estudio y aprobación. Asimismo, el DS 060-2013-PCM que
conmina a los funcionarios competentes a emitir informe sobre los EIA dentro de
un plazo perentorio de 20 días.
La eficacia y eficiencia del estado es puesta al servicio de
intereses específicos que van a beneficiarse con la aprobación acelerada de sus
proyectos de inversión. No son los intereses generales de los ciudadanos, los
que van a ser atendidos.
El proyecto del servicio civil es parte de la reforma del estado
orientada a una integración eficaz con las condiciones actualmente existentes,
de un mundo globalizado y en proceso de transición hacia un nuevo orden
mundial, en el cual, la automatización de los procesos productivos hacen cada vez
más innecesaria la participación del trabajo humano.
Por otro lado, en este contexto, otros elementos importantes
requieren ser señalados:
1)
El
temor al desempleo como instrumento de dominación y control de los
trabajadores;
2)
La
primacía de los intereses privados por sobre el interés público de todos los
ciudadanos.
3)
Amedrentamiento
mediante leyes que criminalizan las protestas, vinculándolas al terrorismo
Estos elementos condicionan grandemente las formas de organización
y respuesta de los trabajadores.
Esclarecida entonces la trayectoria del estado peruano y el
contexto en el que se propone la norma laboral, podemos examinar ya el aspecto
técnico normativo propiamente dicho.
Para comenzar, observamos que la “identificación del problema”
adolece de un diagnóstico incompleto e insuficiente, que lo hace inútil para
sustentar una propuesta de solución.
Es incompleto porque solo describe el problema sin explicar sus causas
y las acciones que lo han hecho posible. Quien lo ha redactado no asume la responsabilidad
que ese mismo estado tiene sobre el desorden normativo existente y se limita a
formular la propuesta en términos de “borrón y cuenta nueva”, que ha sido lo más
tradicional y repetitivo en los muchos intentos de reforma.
Las observaciones generales sobre el
texto podrían expresarse en los siguientes puntos:
§ Visión “corporativa” divergente de la visión “liberal”. Pone énfasis en las
obligaciones y requisitos, recortando y anulando derechos.
§ El
“gobierno experto” como la “cabeza pensante” del estado. Los “servidores civiles”
son sus “instrumentos ejecutivos”. Los “ciudadanos” dejan de ser tales, para
convertirse en “clientes” (los “administrados”), usuarios de los servicios
públicos.§ Se promueve una tensión permanente por la “competitividad”, que nos empuja a un “individualismo feroz” por ser cada quién “el mejor”. Lo que se ha hecho con el magisterio, lo van a extender a todo el sector público, con el aplauso general.
§ Reducción y precariedad de los derechos laborales redefinidos en base a los criterios de “meritocracia” que en criollo significa no el “Saber hacer”, sino el “Hacerla bien”… para que “la plata llegue sola”… Van a proliferar títulos y grados académicos que sustenten los “méritos” que permita acceder a las plazas. No importa cómo se consigan.
§ Delimitación recortada del ámbito de la acción sindical (reclamos de los trabajadores) circunscrita a los asuntos administrativos, convirtiendo el tema de remuneraciones en algo intocable.
§ El presupuesto es sagrado y el ministro de economía está más allá del bien y del mal. Las instituciones autónomas (RENIEC) no son tales. Sus decisiones dependen de la decisión del MEF.
§ Desaparece el tiempo de servicio anterior. Como si todos hubiesen trabajado en vano.
§ Aprovechando las barbaridades de la Ley CAS, el proyecto de Ley del Servicio Civil se considera asimismo como “progresivo” por recortar solo la mitad de los derechos universalmente reconocidos a todos los trabajadores.
Hay muchas observaciones más, las que deben irse consolidando con la participación masiva de los trabajadores, con la firme decisión de impedir su promulgación, a partir de la DEROGATORIA DEL DL 1057-2008-PCM o Ley CAS, por ilegal y perverso.
¡NO AL NEFASTO PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO CIVIL!
¡DEROGATORIA INMEDIATA DEL ILEGAL Y PERVERSO DS 1057-2008-PCM (LEY CAS)!
